La Comisión de la Mesa de Unidad para el Análisis de la Crisis de Alimentos, al entregar su informe final, determinó que "se hace evidente que la improvisación, la falta de vigilancia y control de los organismos competentes ocasionaron daños irreparables al patrimonio público que determinan responsables administrativas, civiles y penales", según señaló la organización en un comunicado.
El Secretario Ejecutivo de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, al agradecer a los expertos su colaboración, informó que en ese preciso instante se estaba entregando facsímiles del informe, a la Vicepresidencia de la República y la presidencia de la Asamblea Nacional, como un acto de obligación ciudadana de "presentar soluciones y alternativas para que los problemas sean atendidos y solucionados, y no como un ejercicio de oposición".
También será remitido a los diputados de la Asamblea y a instituciones y gremios interesados en el delicado tema, al tiempo que ya está disponible para el público en general en la página web www.unidadvenezuela.org. La vocería de la comisión le correspondió al profesor de la UCV y el IESA Carlos Machado Allison, quien señaló, que entre las recomendaciones elevadas en el documento, está el reclamar a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público, "la mayor diligencia en el establecimiento de las responsabilidades, la elaboración de expedientes y las acusaciones correspondientes a los supuestos responsables que por acción, omisión, delegación o imposición a través de órdenes, permitieron la pérdida de alimentos, causaron daños al patrimonio público"
Allison destacó que a empresas como Pdvsa, Pdvsa Services y Bariven, especialistas en adquisición de válvulas o equipos electrónicos y materiales para la industria petrolera, se les ordenó que se dedicaran a adquirir alimentos, "de un modo tal que se acumularon en aduanas, depósitos y se dañaron, porque no se pueden adquirir alimentos como si fueran cabillas, se tiene que adquirir en un orden, de acuerdo con una logística". En tal sentido la Comisión considera que en el Gobierno hay responsables más allá de los tres detenidos, sino todos aquellos que dieron las instrucciones para proceder de la manera más irresponsable.
Por su parte el abogado Ramón Duque Corredor, afirmó que en materia de responsabilidad hay un primer nivel ejecutivo de aquel que tomó la responsabilidad de improvisar una estructura paralela para eventos que comprometen derechos fundamentales de los venezolanos; además se pueden apuntar responsabilidades en aquellos directivos que toman decisiones "donde debería existir un soporte" de acuerdo con la ley de Contraloría y de Corrupción.
En el nivel de ejecución igualmente se podrían conseguir culpables en aquellos funcionarios que por impericia, negligencia o demora han causado daños a bienes del patrimonio, amén del posible incumplimiento de la disciplina fiscal o sobreprecio que se ha reflejado en informes de Pdvsa. "En materia de control fiscal y delito de patrimonio público no se exime de responsabilidad el cumplimiento de órdenes, puesto que, los funcionarios deben ponderar la legitimidad de una decisión de manera de no comprometer la responsabilidad personal", recalcó.
Consideran los expertos en su informe, que se han violentado la reorganización del Estado, afectando seriamente el funcionamiento de la Fuerza Armada y Pdvsa al asignarles tareas no previstas en la Constitución y leyes orgánicas, y en sus estatutos, respectivamente, e inducirlas al incumplimiento de sus funciones esenciales.
Las recomendaciones se encuentran orientadas a solicitar de los diputados de la Asamblea Nacional actual, y la que resulte electa el próximo 26 de septiembre, el tomar medidas legislativa, de contraloría y presupuestarias para señalar las responsabilidades a que hubiere lugar y que eventos como este no vuelvan a suceder, ya que tal como Allison señaló, se ha perdido la confianza de los consumidores en la calidad e inocuidad de los alimentos y en la capacidad del Estado y su legislación.
El Secretario Ejecutivo de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, al agradecer a los expertos su colaboración, informó que en ese preciso instante se estaba entregando facsímiles del informe, a la Vicepresidencia de la República y la presidencia de la Asamblea Nacional, como un acto de obligación ciudadana de "presentar soluciones y alternativas para que los problemas sean atendidos y solucionados, y no como un ejercicio de oposición".
También será remitido a los diputados de la Asamblea y a instituciones y gremios interesados en el delicado tema, al tiempo que ya está disponible para el público en general en la página web www.unidadvenezuela.org. La vocería de la comisión le correspondió al profesor de la UCV y el IESA Carlos Machado Allison, quien señaló, que entre las recomendaciones elevadas en el documento, está el reclamar a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público, "la mayor diligencia en el establecimiento de las responsabilidades, la elaboración de expedientes y las acusaciones correspondientes a los supuestos responsables que por acción, omisión, delegación o imposición a través de órdenes, permitieron la pérdida de alimentos, causaron daños al patrimonio público"
Allison destacó que a empresas como Pdvsa, Pdvsa Services y Bariven, especialistas en adquisición de válvulas o equipos electrónicos y materiales para la industria petrolera, se les ordenó que se dedicaran a adquirir alimentos, "de un modo tal que se acumularon en aduanas, depósitos y se dañaron, porque no se pueden adquirir alimentos como si fueran cabillas, se tiene que adquirir en un orden, de acuerdo con una logística". En tal sentido la Comisión considera que en el Gobierno hay responsables más allá de los tres detenidos, sino todos aquellos que dieron las instrucciones para proceder de la manera más irresponsable.
Por su parte el abogado Ramón Duque Corredor, afirmó que en materia de responsabilidad hay un primer nivel ejecutivo de aquel que tomó la responsabilidad de improvisar una estructura paralela para eventos que comprometen derechos fundamentales de los venezolanos; además se pueden apuntar responsabilidades en aquellos directivos que toman decisiones "donde debería existir un soporte" de acuerdo con la ley de Contraloría y de Corrupción.
En el nivel de ejecución igualmente se podrían conseguir culpables en aquellos funcionarios que por impericia, negligencia o demora han causado daños a bienes del patrimonio, amén del posible incumplimiento de la disciplina fiscal o sobreprecio que se ha reflejado en informes de Pdvsa. "En materia de control fiscal y delito de patrimonio público no se exime de responsabilidad el cumplimiento de órdenes, puesto que, los funcionarios deben ponderar la legitimidad de una decisión de manera de no comprometer la responsabilidad personal", recalcó.
Consideran los expertos en su informe, que se han violentado la reorganización del Estado, afectando seriamente el funcionamiento de la Fuerza Armada y Pdvsa al asignarles tareas no previstas en la Constitución y leyes orgánicas, y en sus estatutos, respectivamente, e inducirlas al incumplimiento de sus funciones esenciales.
Las recomendaciones se encuentran orientadas a solicitar de los diputados de la Asamblea Nacional actual, y la que resulte electa el próximo 26 de septiembre, el tomar medidas legislativa, de contraloría y presupuestarias para señalar las responsabilidades a que hubiere lugar y que eventos como este no vuelvan a suceder, ya que tal como Allison señaló, se ha perdido la confianza de los consumidores en la calidad e inocuidad de los alimentos y en la capacidad del Estado y su legislación.
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