El diputado Andrés Velásquez rechazó que sea el canciller Nicolás Maduro quien presente el informe de la gestión social del gobierno, en sustitución de la ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, y presentó un anteproyecto de aumento general de sueldos y salarios, según publicó Globovisión.com.
“Se trata del canciller, él no tiene la responsabilidad en todo caso de todo lo que es la política social del Estado. A nosotros nos parece extraño, a menos que sea que ellos quieran continuar con ese debate de intercambio político sin sacar nada bueno”, afirmó.
Por otra parte, anunció la presentación de un anteproyecto de ley para realizar un aumento de sueldo de 30% a todos los trabajadores del sector público y privado. Además, manifestó que Maduro no podrá contestar a la pregunta sobre la discusión de los contratos colectivos en varias empresas del país.
Velásquez también condenó las medidas que la directiva de la Asamblea Nacional ha tomado contra los medios de comunicación social. “Creo que poco a poco se sigue acosando a los medios (…) El problema se subsana permitiendo que los periodistas accedan al palco de prensa de los visitantes”, afirmó.
jueves, 10 de febrero de 2011
Andrés Velásquez rechaza intervención de Nicolás Maduro en la AN
Protestan por escasez de combustible en el Kilómetro 88
Prensa La Causa R
Cansados de las cada vez más severas limitaciones en el suministro de combustible, impuestas por los funcionarios militares a cargo de las estaciones de servicio desde que estas fueron estatizadas, pobladores de Las Claritas decidieron tomar la bomba del Kilómetro 88 como medio de protesta.
La información la dio a conocer el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Américo De Grazia, quien también es miembro de la comisión de Minas de este poder público, explicando que toda la zona sur de la región padece una grave crisis por este problema.
“Las bombas de gasolina luego de la estatización redujeron su horario de trabajo de seis de la mañana a seis de la tarde, pero ahora en el Kilómetro 88 eso tampoco se cumple, y laboran escasas horas a discreción del efectivo militar de turno”.
“Además, disminuyeron el cupo de combustible de 50 litros a 20 litros diarios, lo que obligó a los residentes del área a tener que ir a surtirse a los Rápidos de Kamoirán, pero allá también le fueron impuestas las mismas trabas”, añadió.
Soberanía
Américo De Grazia lamentó el “cerco económico” que con estas acciones lleva a cabo el Gobierno Nacional en los municipios del sur, “pareciera que con ello quieren despoblar esta zona”.
Recordó que este territorio es fronterizo, y las dificultades para el desarrollo de su principal actividad económica como lo es la minería ejercida por los venezolanos, podrían conllevar al abandono del área generando un problema de soberanía.
Esto al parecer es lo que estaría ocurriendo en Ikabarú, donde según el declarante además de ser casi imposible conseguir gasolina o gasoil, ahora tampoco se puede obtener gas, “yo les hago una pregunta, ¿Quiénes pueden ejercer nuestra soberanía mejor en esa zona, los mineros venezolanos que tienen décadas poblándola o unas transnacionales rusas o chinas a las cuales les quieren entregar las concesiones?”, inquirió el parlamentario.
De igual modo, De Grazia refirió que el asunto ya fue planteado por él en la comisión de Minas de la Asamblea Nacional, y su presidente, el diputado Luís Acuña, se comprometió a llevarlo ante el ministro de Industrias Básicas y Minería, José Khan.
“La idea es que el parlamento sirva de puente con el Gobierno Nacional para la solución de estos conflictos, y no que se convierta en un organismo inútil”, apuntó.
Crystallex
Para finalizar, el representante de la Alternativa Democrática recordó el tema de la concesión otorgada a la transnacional canadiense Crystallex en el municipio Sifontes, recientemente revocada, “por denunciar que esa empresa estaba engordando esos territorios en las bolsas internacionales, en perjuicio de los mineros y el pueblo venezolano hoy están en la cárcel dos presos políticos del estado Bolívar, William Saud y Carlos Chancellor, esto demuestra que tenían razón”, concluyó.
Oportunidad
El diputado Américo De Grazia instó al Gobierno Nacional, a otorgar espacios de la concesión revocada a Crystallex a los mineros tradicionales venezolanos organizados en cooperativas, para que así estos puedan ejercer su actividad económica de forma regular, como lo vienen solicitando desde hace varios años con el reclamo contra Crystallex y sus atropellos.
Cansados de las cada vez más severas limitaciones en el suministro de combustible, impuestas por los funcionarios militares a cargo de las estaciones de servicio desde que estas fueron estatizadas, pobladores de Las Claritas decidieron tomar la bomba del Kilómetro 88 como medio de protesta.
La información la dio a conocer el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Américo De Grazia, quien también es miembro de la comisión de Minas de este poder público, explicando que toda la zona sur de la región padece una grave crisis por este problema.
“Las bombas de gasolina luego de la estatización redujeron su horario de trabajo de seis de la mañana a seis de la tarde, pero ahora en el Kilómetro 88 eso tampoco se cumple, y laboran escasas horas a discreción del efectivo militar de turno”.
“Además, disminuyeron el cupo de combustible de 50 litros a 20 litros diarios, lo que obligó a los residentes del área a tener que ir a surtirse a los Rápidos de Kamoirán, pero allá también le fueron impuestas las mismas trabas”, añadió.
Soberanía
Américo De Grazia lamentó el “cerco económico” que con estas acciones lleva a cabo el Gobierno Nacional en los municipios del sur, “pareciera que con ello quieren despoblar esta zona”.
Recordó que este territorio es fronterizo, y las dificultades para el desarrollo de su principal actividad económica como lo es la minería ejercida por los venezolanos, podrían conllevar al abandono del área generando un problema de soberanía.
Esto al parecer es lo que estaría ocurriendo en Ikabarú, donde según el declarante además de ser casi imposible conseguir gasolina o gasoil, ahora tampoco se puede obtener gas, “yo les hago una pregunta, ¿Quiénes pueden ejercer nuestra soberanía mejor en esa zona, los mineros venezolanos que tienen décadas poblándola o unas transnacionales rusas o chinas a las cuales les quieren entregar las concesiones?”, inquirió el parlamentario.
De igual modo, De Grazia refirió que el asunto ya fue planteado por él en la comisión de Minas de la Asamblea Nacional, y su presidente, el diputado Luís Acuña, se comprometió a llevarlo ante el ministro de Industrias Básicas y Minería, José Khan.
“La idea es que el parlamento sirva de puente con el Gobierno Nacional para la solución de estos conflictos, y no que se convierta en un organismo inútil”, apuntó.
Crystallex
Para finalizar, el representante de la Alternativa Democrática recordó el tema de la concesión otorgada a la transnacional canadiense Crystallex en el municipio Sifontes, recientemente revocada, “por denunciar que esa empresa estaba engordando esos territorios en las bolsas internacionales, en perjuicio de los mineros y el pueblo venezolano hoy están en la cárcel dos presos políticos del estado Bolívar, William Saud y Carlos Chancellor, esto demuestra que tenían razón”, concluyó.
Oportunidad
El diputado Américo De Grazia instó al Gobierno Nacional, a otorgar espacios de la concesión revocada a Crystallex a los mineros tradicionales venezolanos organizados en cooperativas, para que así estos puedan ejercer su actividad económica de forma regular, como lo vienen solicitando desde hace varios años con el reclamo contra Crystallex y sus atropellos.
Andrés Velásquez desestima respuestas de El Aissami
La teoría de Andrés Velásquez es sencilla: realidad y discurso chavista no tienen ningún tipo de afinidad. Las interpelaciones a los ministros del gabinete ejecutivo por parte de los diputados de la Asamblea Nacional el martes pasado, la sustentan totalmente. El tema sobre el cual versó la mayor parte de esa sesión, la inseguridad, es el complemento perfecto para probarlo.“Los organismos nacionales e internacionales, así como el Cicpc (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas), deben admitir esto que está pasando y que nos está afectando a todos en el país. Yo agregaría algo más: el ministro (Tareck El Aissami) reivindicaba como una cosa buena que Venezuela estuviera en el margen de 48 homicidios por cada 100 mil habitantes. Eso debería darle pena”, sentenció.
Reprobable. No hay, para el diputado por el estado Bolívar y ex gobernador, otro calificativo para los resultados presentados por el ministro del Interior y Justicia.
Venezuela casi a la cabeza
Para Velásquez, la realidad es diferente, y la cifra anunciada por El Aissami en relación con los homicidios perpetrados (13 mil 894 en 2010), dejan a Venezuela entre los países más violentos, no sólo de Latinoamérica, sino del mundo.
“Se está tratando de reivindicar esas cifras, cuando estamos en el tercer lugar de los países con mayor índice de criminalidad en el mundo. Lo que pasó ayer (martes en la AN) no me gustó, porque más allá de lo que dijo el ministro para hacernos creer que las cosas están bien y de nuestros reclamos políticos, lo que se aspira es que salgan acuerdos compartidos de carácter nacional para luchar contra la violencia”, considera.
Un plan de desarme, otro para atención a las víctimas y familiares de la violencia y un tercero de previsibilidad, son algunos de los planteamientos que, según Velásquez, serán presentados por la oposición como alternativa. Más allá de las diferencias políticas, manifiesta, espera que el oficialismo las apoye. El fin, después de todo, es el bienestar ciudadano.
miércoles, 9 de febrero de 2011
Walberto Mora: Esomep debería cancelarle beneficios laborales a volqueteros
Ante la crítica situación que atraviesan los volqueteros del estado Portuguesa, el dirigente regional de la Causa R, Walberto Mora, señaló que de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, éstas personas deberían estar gozando no sólo de un pago justo por sus servicios, sino además –dijo- de todos los beneficios laborales, como prestaciones sociales y vacaciones.
“En la LOT se establece que serán los responsables de la explotación minera y de hidrocarburos, quienes garanticen los beneficios laborales a los que de alguna u otra forma intervengan en dicho trabajo; sin importar que éstos estén agrupados en asociaciones y cooperativas, como es el caso de los volqueteros en Portuguesa”, destacó.
Esto significa –apuntó Mora- que la Empresa Socialista Minera del estado Portuguesa (Esomep), conjuntamente con las areneras asociadas, debe asumir el pago de estos beneficios; sin embargo, lejos de mejorar las condiciones laborales vemos que se ha desmejorado todo.
-Desde la Causa R queremos ponernos a la orden de todas esas cooperativas de volqueteros, para explicarles con detalle por qué decimos todo esto, que va en beneficio de ellos, por lo que pueden contactarme a través del 0424-5563662, agregó.
Para todos
Walberto Mora señaló que con las exorbitantes ganancias que genera la actividad de las areneras en el estado, “es más que factible la posibilidad de que sean tratados como se debe a los volqueteros; incluso, podría modificarse esa participación que hay en la empresa mixta, reduciendo a un 51% la intervención del Gobierno regional y dividiendo el 49% restante entre las areneras, los trabajadores de éstas y los volqueteros. De esa manera la ganancia sería para todos y se solventaría el problema”.
“En la LOT se establece que serán los responsables de la explotación minera y de hidrocarburos, quienes garanticen los beneficios laborales a los que de alguna u otra forma intervengan en dicho trabajo; sin importar que éstos estén agrupados en asociaciones y cooperativas, como es el caso de los volqueteros en Portuguesa”, destacó.
Esto significa –apuntó Mora- que la Empresa Socialista Minera del estado Portuguesa (Esomep), conjuntamente con las areneras asociadas, debe asumir el pago de estos beneficios; sin embargo, lejos de mejorar las condiciones laborales vemos que se ha desmejorado todo.
-Desde la Causa R queremos ponernos a la orden de todas esas cooperativas de volqueteros, para explicarles con detalle por qué decimos todo esto, que va en beneficio de ellos, por lo que pueden contactarme a través del 0424-5563662, agregó.
Para todos
Walberto Mora señaló que con las exorbitantes ganancias que genera la actividad de las areneras en el estado, “es más que factible la posibilidad de que sean tratados como se debe a los volqueteros; incluso, podría modificarse esa participación que hay en la empresa mixta, reduciendo a un 51% la intervención del Gobierno regional y dividiendo el 49% restante entre las areneras, los trabajadores de éstas y los volqueteros. De esa manera la ganancia sería para todos y se solventaría el problema”.
martes, 8 de febrero de 2011
La Causa R introduce en Asamblea Nacional Ley de aumento del salario
Caracas (08/02/11) PS.- Pablo Zambrano, dirigente nacional de El nuevo sindicalismo. Anunció este martes que los diputados de La Causa R, Andrés Velásquez, Américo De Grazia, Alfredo Ramos y Luis Edgardo Mata, introducirán ante la Asamblea Nacional, “Un proyecto de Ley de aumento del salario que incluye un aumento del 30 por ciento para el salario mínimo y un 30 por ciento para aquellos trabajadores que lo superen”.
Agregó que de aprobarse este proyecto de ley, el nuevo salario mínimo se situaría en 53 Bolívares Fuertes diarios y además, la ley contempla elementos de interés entre las que destacan que, “Se le ordena al Gobierno nacional y a las empresas privadas discutir las contrataciones colectivas pendientes y, de no agilizar esta situación, la misma ley ordena la indexación del salario de acuerdo al avance de la inflación ”.
Desmiente a diputado del PSUV
El dirigente sindical rechazó de manera categórica las declaraciones emitidas recientemente en un diario de circulación nacional por el diputado a la Asamblea Nacional Oswaldo Vera, quien afirmó que la Ley de Alimentación es solamente para los trabajadores activos. “Eso es totalmente falso, existen jubilados del Estado como es el caso del Banco Central de Venezuela y el Ipasme que reciben el beneficio del cesta ticket”.
“A estos diputados del gobierno que se hacen llamar revolucionarios, les podemos decir que esta ley ha causado gran expectativa sobre todo en los adultos mayores del pueblo venezolano. La gran mayoría de estos jubilados les quitaron el beneficio del cesta ticket luego de prestar sus servicios por más de 30 años. Algo completamente injusto”, señaló.
Marcha 192 años Congreso de Angustura
Anunció que los trabajadores de Guayana están organizando una marcha que se llevará a cabo el próximo 15 de febrero, cuando se cumplen 192 años del Congreso de Angostura. “El motivo es solicitarle al Gobierno nacional que cese la persecución y les dé libertad inmediata a los compañeros: William Saud, dirigente minero, Carlos Chancellor quien justamente ese día cumple 4 años preso y al secretario de Ferrominera, Rubén González”.
Finalizó diciendo Los trabajadores batallaremos aunque el gobierno nos acuse de guarimberos. Sabemos que es la cortina de humo con la que siempre pretenden tapar su ineficiencia “”
Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad
Marcha 192 años Congreso de Angustura
Anunció que los trabajadores de Guayana están organizando una marcha que se llevará a cabo el próximo 15 de febrero, cuando se cumplen 192 años del Congreso de Angostura. “El motivo es solicitarle al Gobierno nacional que cese la persecución y les dé libertad inmediata a los compañeros: William Saud, dirigente minero, Carlos Chancellor quien justamente ese día cumple 4 años preso y al secretario de Ferrominera, Rubén González”.
Finalizó diciendo Los trabajadores batallaremos aunque el gobierno nos acuse de guarimberos. Sabemos que es la cortina de humo con la que siempre pretenden tapar su ineficiencia “”
Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad
lunes, 7 de febrero de 2011
MUD propone agenda legislativa de 84 leyes
Caracas.- Entre reformas a textos existentes y nuevos proyectos, el grupo parlamentario de la Mesa de la Unidad Democrática diseñó una propuesta de programa básico legislativo para 2011 que consta de 84 leyes.
La bancada de la MUD, conformada por 65 diputados, identificó seis áreas de interés: Seguridad ciudadana, seguridad de la Nación y marco institucional; protección social y de los Derechos Humanos; propiedad y libertad económica; participación política; descentralización; y servicios e infraestructura.
Luego, dividió sus iniciativas en "leyes pendientes de acuerdo con la Constitución de 1999"; "leyes preconstitucionales que requieren ser reformadas para adecuarlas a la Constitución de 1999"; "leyes postconstitucionales que requieren ser reformadas para adecuarlas a la Constitución de 1999" y "otras leyes o reformas legales de la agenda parlamentaria de la Unidad".
Los paquetes referidos a la "protección social y de los Derechos Humanos" y la "descentralización" son los más robustos. En el primero destacan: Ley Orgánica del Trabajo, Ley de Salud, Ley de Pensiones, Ley de Protección de las Familias, Ley de Universidades, Código Civil, Ley de Reparación Integral a las Víctimas de Violaciones a los DDHH y Ley del Primer Empleo.
La MUD impulsará la Ley de Conservación del Poder Adquisitivo de las Prestaciones Sociales de los Trabajadores, la Ley de Protección Social a los Trabajadores de las Misiones y una reforma de la Ley de Alimentación. Esta última ya fue introducida ante la Secretaría de la AN por el diputado Alfredo Ramos (LCR-Lara).
Los opositores aspiran modificar o derogar las llamadas "leyes del poder popular" sancionadas por sus antecesores. Además, desean cambiar la Ley de Transporte Terrestre, la Ley del Transporte Aéreo y la Ley de Puertos con el fin de devolver a gobernaciones y alcaldías las competencias arrebatadas por el Ejecutivo nacional.
Los representantes de la Unidad en la AN también quieren discutir una Ley Programa de Recuperación de la Infraestructura Física Nacional y otra similar para la Recuperación de las Empresas Básicas de Guayana.
A fondo
Preocupada por la administración de justicia en el país, la MUD plantea revisar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, "a fin de establecer -sin excepciones- que los magistrados del TSJ sean elegidos por la mayoría calificada de la Cámara, para favorecer la independencia judicial", acotan.
Dentro del apartado dedicado a la "seguridad ciudadana, seguridad de la Nación y marco institucional", la oposición pretende promover la Ley de Amnistía general para presos y perseguidos políticos, la reforma a la Ley de la Fuerza Armada Nacional, la Ley de Desarme y la denominada "ley candado", que busca controlar las donaciones del gobierno de Venezuela a otros países.
La AN aún no ha acordado el programa básico legislativo de 2011. Las 15 comisiones permanentes que componen el Poder Legislativo todavía están revisando los proyectos que quedaron pendientes. Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Política Interior, Cilia Flores (PSUV-Caracas), informó el miércoles pasado que chavistas y opositores coincidieron en que le darán prioridad a las leyes contra la inseguridad.
La bancada de la MUD, conformada por 65 diputados, identificó seis áreas de interés: Seguridad ciudadana, seguridad de la Nación y marco institucional; protección social y de los Derechos Humanos; propiedad y libertad económica; participación política; descentralización; y servicios e infraestructura.
Luego, dividió sus iniciativas en "leyes pendientes de acuerdo con la Constitución de 1999"; "leyes preconstitucionales que requieren ser reformadas para adecuarlas a la Constitución de 1999"; "leyes postconstitucionales que requieren ser reformadas para adecuarlas a la Constitución de 1999" y "otras leyes o reformas legales de la agenda parlamentaria de la Unidad".
Los paquetes referidos a la "protección social y de los Derechos Humanos" y la "descentralización" son los más robustos. En el primero destacan: Ley Orgánica del Trabajo, Ley de Salud, Ley de Pensiones, Ley de Protección de las Familias, Ley de Universidades, Código Civil, Ley de Reparación Integral a las Víctimas de Violaciones a los DDHH y Ley del Primer Empleo.
La MUD impulsará la Ley de Conservación del Poder Adquisitivo de las Prestaciones Sociales de los Trabajadores, la Ley de Protección Social a los Trabajadores de las Misiones y una reforma de la Ley de Alimentación. Esta última ya fue introducida ante la Secretaría de la AN por el diputado Alfredo Ramos (LCR-Lara).
Los opositores aspiran modificar o derogar las llamadas "leyes del poder popular" sancionadas por sus antecesores. Además, desean cambiar la Ley de Transporte Terrestre, la Ley del Transporte Aéreo y la Ley de Puertos con el fin de devolver a gobernaciones y alcaldías las competencias arrebatadas por el Ejecutivo nacional.
Los representantes de la Unidad en la AN también quieren discutir una Ley Programa de Recuperación de la Infraestructura Física Nacional y otra similar para la Recuperación de las Empresas Básicas de Guayana.
A fondo
Preocupada por la administración de justicia en el país, la MUD plantea revisar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, "a fin de establecer -sin excepciones- que los magistrados del TSJ sean elegidos por la mayoría calificada de la Cámara, para favorecer la independencia judicial", acotan.
Dentro del apartado dedicado a la "seguridad ciudadana, seguridad de la Nación y marco institucional", la oposición pretende promover la Ley de Amnistía general para presos y perseguidos políticos, la reforma a la Ley de la Fuerza Armada Nacional, la Ley de Desarme y la denominada "ley candado", que busca controlar las donaciones del gobierno de Venezuela a otros países.
La AN aún no ha acordado el programa básico legislativo de 2011. Las 15 comisiones permanentes que componen el Poder Legislativo todavía están revisando los proyectos que quedaron pendientes. Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Política Interior, Cilia Flores (PSUV-Caracas), informó el miércoles pasado que chavistas y opositores coincidieron en que le darán prioridad a las leyes contra la inseguridad.
sábado, 5 de febrero de 2011
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